TEMA GENERAL DEL CONFLICTO ARMADO, ÍNDIGENAS Y ESTADO

HISTORIA

Desde el periodo precolombino nacen comunidades indígenas dentro de nuestro país, Colombia, estos indígenas tenían un lugar específico de vivienda, una cultura, unos rituales y unas creencias que reflejaba una identidad con un sistema económico ejemplar, pero al transcurrir de su desarrollo como comunidad son gravemente afectados por una nueva colonización que atrajo consigo unas problemáticas para todo el contexto social de Colombia, creando desde entonces conflictos de la tierra y del poder haciendo que campesinos se reivindicaran y concretaran grupos armados como las FARC, entre otras; por otro lado en la sociedad urbana también habían conflictos de orden político y eventos importantes como el frente nacional en donde el Gobierno colombiano intento hacer negocios de paz con estos grupos armados, es el caso del gobierno de Belisario Betancourt, pero estos negocios de paz no era lo suficientemente fuertes y es entonces que con la violencia bipartidista, como Domínguez (2007) afirma “se comenzó a configurar el desplazamiento forzoso del cual hoy somos testigos y que fue reconocida legalmente hace tan solo una década. La relación que existe entre el conflicto interno y el territorio, genera desplazamientos forzosos… creando con ello condiciones sociales desfavorables que, en último término, también causan desplazamientos (exclusión y pobreza).” (p.6) es entonces cuando nos damos cuenta que el problema comienza y radica con un conflicto social al cual llamaremos como conflicto armado que genera desplazamiento y consigo pérdida de identidad cultural a grupos indígenas que radica en la pasiva responsabilidad que ha tomado el Estado colombiano frente a estos casos. Además History, Goverment, and Political conditions (2011) dice que los “Gobiernos colombianos han tenido que lidiar con las actividades combinadas terroristas de la guerrilla de izquierda, el ascenso de las fuerzas paramilitares de autodefensa en la década de 1990, y los carteles de la droga. Las guerrillas y los grupos paramilitares también entraron en el tráfico de drogas como una forma de financiar sus operaciones militares” (p.14).

Por: Katherine Aguilar Mahecha

Correo: Kath.aguilarm@hotmail.com

DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO ARMADO

Esta problemática que deriva del conflicto armado y las actividades ilícitas de guerrilleros, paramilitares, y fumigaciones ilícitas ha logrado expandirse cada día más, pues las zonas y las comunidades más afectadas y vulnerables que no tienen las mismas condiciones y los mismos comportamientos que la sociedad urbana, es por esto que la solución del desplazamiento esta en que las comunidades emigren a ciudades haciendo que el crecimiento de desempleo, pobreza e inseguridad sea descontrolado. Es el Estado el responsable de acoger y amparar estas víctimas y por tal razón se han inventado estrategias y leyes como lo es la ley de víctimas de la cual hablaremos más adelante. En conclusión “el conflicto armado se desarrolla en estrecha relación con el narcotráfico, actividad ilícita y altamente rentable en la que los grupos al margen de la ley, encuentran una importante fuente de financiación. Por su parte, una de las estrategias del gobierno para atacar el narcotráfico es la fumigación química de los cultivos ilícitos, lo que ha sido cuestionado por sus implicaciones perversas tanto en los suelos fumigados como en la salud de las personas que los habitan, y que en tal sentido, produce un número importante de desplazados en el país. Sin embargo, el gobierno colombiano no reconoce en las fumigaciones químicas un factor causante de desplazamiento forzoso, a pesar de la estrecha relación de éstas con el conflicto armado que enfrenta el país, y en tal sentido sus víctimas han sido excluidas de la atención gubernamental” (Domínguez, 2006, p.6)

Por: Katherine Aguilar Mahecha

Correo: Kath.aguilarm@hotmail.com

ESTADO SANTOS, SOLUCIONES Y AVANCES

La posición que ha tomado el Estado de Santos frente al conflicto armado se basa en legislar y promocionar la ley de víctimas ayudando a todo aquel que ha sido afectado por la violencia, por otra parte Santos se apega a los medios de comunicación para promocionar la raza y las comunidades indígenas y así sea un tema importante y reconocido en la sociedad, además Argelino Garzón, vicepresidente ha tomado hechos sobre el asunto de que sean respetados lo Derechos Humanos hasta el punto de castigar a los que violen estos Derechos, pero a la hora de la verdad Colombia no necesita soluciones de papel y lápiz y tan superficiales; es por este motivo que mostraremos el caso de Omaira Fernández que aunque fue un caso del 2003, otro gobierno, no deja de ser impactante el poco interés, por no decir que son incapaces, del Gobierno colombio tiene por hacer cumplir sus Derechos Humanos.

Por: Katherine Aguilar Mahecha

Correo: Kath.aguilarm@hotmail.com

DERECHOS HUMANOS Y ESTADO El estado colombiano a implementado dentro sus derechos” la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos del pueblos Indígenas en la Asamblea General, el 13 de septiembre '\ 2007” (Gómez, 2010, p.144) Es el discurso que Colombia a adaptado junto con los derechos de los pueblos indígenas un momento crucial pero para el papel ya que de estos Derechos se cumplen muy mediocremente o ni se cumplen y se pasan por alto eso sí dependiendo el interés del gobierno en los diferentes casos que sobre pasan la realidad y la violación social de las comunidades; por tal razón mostramos el caso de Omaira Fernández  

Por: Katherine Aguilar Mahecha

Correo: Kath.aguilarm@hotmail.com

CASO DE OMAIRA FERNANDÉZ 

Éste es un caso que se produjo en Arauca en una comunidad indígena, conocidos como La Reserva, los cuales fueron víctimas de abusos de lesa humanidad y el más impactante fue el caso de Omaira Fernández una mujer de 16 años embarazada que fue violada y asesinada públicamente en marzo del 2003; pues según Bolletino (2008) “los militares colombianos y las AUC cometieron numerosos actos impensables como parte de un plan sistemático y generalizado de intimidar a las personas que habitan la Reserva. El atentado cometido en la Reserva fue coordinada y bien planificada. El ataque real consistió en tres ataques simultáneos en tres aldeas dentro de la Reserva” (p.503) En este caso según la CPI a Colombia le falta voluntad para investigar y enjuiciar el caso, además de hacer valer sus derechos y por ultimo aclaran que “la existencia de la CPI es llamar la atención y enjuiciar este tipo de atrocidades. Los crímenes de la Reserva debe ser procesado, si no fuera por los ciudadanos de Colombia, sino para la familia de Omaira Fernández” (Bolletino, 2008, p.511)

Por: Katherine Aguilar Mahecha

Correo: Kath.aguilarm@hotmail.com